Escándalo en PAMI: fuertes denuncias por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares
Una denuncia pública por supuestas irregularidades en la adquisición de insumos oftalmológicos sacude a la obra social de jubilados y pensionados. El foco está puesto en la compra de lentes intraoculares utilizados en operaciones de cataratas, con precios que, según distintas fuentes, estarían muy por encima de los valores de mercado.
El dirigente nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, dio a conocer que, a través de la Licitación Pública 12/25, se concretaron compras a cinco empresas por un total superior a los 80 mil millones de pesos, con valores unitarios que llegan hasta $230.000 por lente, cuando su precio real rondaría los $35.000.
Los datos fueron revelados inicialmente en un informe televisivo emitido por el canal TN, donde oftalmólogos prestadores del sistema advirtieron que la calidad de los productos entregados es inferior, y que varios pacientes jubilados manifestaron complicaciones graves en su salud ocular tras recibir estos insumos.
Frente a la magnitud de la denuncia, la Unidad Fiscal de Investigación especializada en PAMI, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, ya inició una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.
Desde el gremio ATE no descartan avanzar con acciones judiciales formales. Aguiar señaló que “hay pruebas de que se eliminaron los controles internos desde el inicio de esta gestión” y apuntó a un cambio reciente en el mecanismo de compra: “Hasta julio, los lentes los adquirían directamente los médicos; a partir de agosto, el PAMI centralizó la compra. Con esa modificación, se abrieron las puertas para los sobreprecios”.
Por su parte, el PAMI desmintió las acusaciones a través de un comunicado oficial. La entidad aseguró que “no se están pagando cifras por encima del mercado”, y comparó sus valores con los de otras obras sociales y prepagas. Según la institución, el costo total de la práctica quirúrgica más el lente asciende a $568.000, mientras que otros financiadores del sistema de salud como la obra social del Poder Judicial o empresas como OSDE abonan entre $740.000 y más de $1.100.000 por los mismos procedimientos.
Además, el organismo defendió la nueva política de compras al afirmar que se elevó la calidad de los insumos, y que ahora se garantiza su disponibilidad en todo el país. También acusaron a algunos médicos de haber incurrido en prácticas indebidas en el pasado, como el cobro de copagos no permitidos.
Sin embargo, Aguiar redobló la apuesta esta mañana en declaraciones radiales: “Estamos ante uno de los hechos de corrupción más graves de la historia del PAMI. Hay un vaciamiento deliberado, están preparando el terreno para justificar su cierre”.
La polémica promete escalar en los próximos días, mientras se espera la aparición de nueva documentación y avances en la investigación judicial.