En Tierra del Fuego, la mitad de las causas penales están vinculadas a violencia de género y delitos sexuales
El jefe de los fiscales fueguinos, Eduardo Urquiza, trazó un crudo panorama del sistema judicial provincial y reveló que el 50% de las causas penales activas en Tierra del Fuego están relacionadas con violencia de género y abusos sexuales, afectando en su mayoría a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Durante una entrevista con Radio Provincia, Urquiza destacó que la mayor concentración de casos se registra en Río Grande, superando incluso a la ciudad de Ushuaia. Esta situación motivó al Ministerio Público Fiscal a poner en marcha un proceso de reorganización, con la creación de fiscalías especializadas en delitos contra las personas, particularmente aquellos vinculados a la integridad sexual.
“El volumen de causas es muy significativo y la única forma de abordar este problema con eficacia es a través de equipos específicos, con personal técnico capacitado y estrategias de intervención claras”, explicó el funcionario. En ese sentido, mencionó la incorporación de profesionales como psicólogos y peritos para acompañar a las víctimas de forma integral.
Además de esta problemática, Urquiza alertó sobre el aumento de estafas digitales, en especial aquellas que se realizan mediante billeteras virtuales y otras plataformas tecnológicas. “En muchos casos es difícil avanzar hacia una condena, por eso ponemos el foco en la prevención y advertimos permanentemente a la ciudadanía”, remarcó.
En relación al sistema de justicia en su conjunto, el jefe de fiscales señaló la necesidad de modificaciones estructurales, y planteó que sería fundamental que el Ministerio Público Fiscal tuviera representación directa en el Consejo de la Magistratura. “Representamos el interés general de la sociedad, y eso debería verse reflejado también en la conformación de los órganos que definen la estructura judicial”, argumentó.
Finalmente, propuso la creación de una policía judicial, con formación específica en el ámbito de la investigación penal. “Una fuerza especializada en delitos complejos, dependiente del Poder Judicial, permitiría optimizar los procesos y aumentar la eficacia del sistema”, concluyó.