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El Registro de Deudores Alimentarios suma 104 casos en Tierra del Fuego

El listado provincial de personas que no cumplen con el pago de la cuota alimentaria sigue en aumento. De acuerdo con la última actualización realizada el 13 de agosto de 2025 por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, actualmente son 104 los inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Seis incorporaciones en 2025

Durante este año se sumaron seis nuevas personas al padrón, luego de comprobarse la falta de pago de tres cuotas seguidas o cinco alternadas, tal como marca la Ley Provincial N° 531. Entre los últimos ingresos figuran Richard Quispe, Máximo Medina Rojas, Miguel Alejandro Segurado, Ramón Alejandro González, Héctor Ricardo D’Amico y Emanuel Ezequiel Godoy.

Evolución en los últimos años

El crecimiento del registro ha sido sostenido. En 2020 figuraban 67 nombres, y desde entonces se agregaron 47 deudores más. El salto más notorio ocurrió en 2024, cuando se incorporaron 15 nuevos casos, entre ellos Martín Esteban Dub Duval, Diego Alberto Mancini Loiacono y Arturo Carvajal Espinoza.

Perfil de los morosos

Si bien la mayoría de los deudores son varones, también hay mujeres incluidas en la nómina. El listado se actualiza de manera periódica, con altas y bajas, y en lo que va de 2025 no se han registrado cambios de magnitud en comparación con el informe difundido en junio.

Sanciones y restricciones

El régimen vigente contempla consecuencias legales y administrativas para quienes integran el REDAM. Los morosos no pueden inscribirse como proveedores del Estado, ni acceder a créditos o abrir cuentas corrientes en el Banco de Tierra del Fuego. Además, quedan inhabilitados para postularse como adoptantes, salvo que acrediten libre deuda con la Dirección de Minoridad y Familia.

Una herramienta de presión social

El objetivo de la publicación del registro no es solo exponer a quienes incumplen, sino reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde la administración provincial remarcan que se trata de un mecanismo de presión social y legal, que busca garantizar que la obligación alimentaria sea asumida como un deber esencial e ineludible.

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