El Gobierno prepara el debate para modificar la Ley de Glaciares
El Poder Ejecutivo definió de manera preliminar el temario que llevará al Congreso durante las sesiones extraordinarias y anticipó que en febrero se debatirán iniciativas de alto impacto, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares, un planteo sostenido desde hace años por las provincias con actividad minera.
De acuerdo con fuentes oficiales, la revisión de la norma podría convertirse en un punto central de negociación con mandatarios provinciales. El objetivo de las jurisdicciones cordilleranas es precisar la definición del “área periglacial”, lo que permitiría destrabar inversiones actualmente frenadas por las restricciones ambientales vigentes.
Un punto de acuerdo entre Nación y provincias mineras
La propuesta aparece como un eje relevante para gobernadores de Cuyo y del norte del país, quienes impulsan desde hace tiempo una actualización de la ley para dar mayor claridad jurídica a los proyectos de exploración y explotación minera. La eventual reforma también abre un escenario de alianzas legislativas, dado que estos mandatarios controlan un número significativo de bancas en ambas cámaras.
Aunque el proyecto aún no fue presentado formalmente, todo indica que retomará aspectos que ya habían figurado en el texto original de la primera versión de la Ley Bases, donde se proponía una nueva definición del ambiente periglacial.
Debate técnico sobre la protección y el alcance de la norma
La ley vigente protege tanto los glaciares como los cuerpos menores y formaciones de hielo cubierto o mezclado con roca, que integran el ambiente periglacial y cumplen funciones vinculadas al abastecimiento hídrico. Las provincias mineras sostienen que la norma actual presenta zonas de ambigüedad y que la falta de precisión limita inversiones, aun en áreas donde los estudios técnicos no identifican funciones hídricas relevantes.
En este contexto, gobernadores y funcionarios provinciales solicitan que la autoridad de aplicación sea local, en línea con el principio constitucional que otorga a las provincias el dominio sobre los recursos naturales. También reclaman parámetros más específicos para determinar el aporte hídrico de cada zona.
San Juan, una de las provincias con mayor cantidad de glaciares y áreas periglaciales, cuenta con seis proyectos de cobre en distintas etapas. Cuatro de ellos podrían generar inversiones estimadas en US$30.000 millones y la creación de unos 40.000 empleos directos entre 2026 y 2031, según datos provinciales.
Posiciones técnicas y antecedentes legislativos
Especialistas en derecho ambiental y minería plantean que el eje de discusión será estrictamente técnico: determinar qué constituye una función hídrica “efectiva y relevante” y qué criterios definen el carácter estratégico de los recursos vinculados al ambiente glaciario y periglacial.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), organismo científico responsable del inventario de glaciares, confirmó que aún no recibió notificaciones oficiales sobre un eventual cambio normativo.
Un antecedente directo se registró durante el debate de la Ley Bases, cuyo texto original incluía una redefinición del concepto de glaciar y un recorte del área protegida. Finalmente, esa cláusula fue retirada, aunque el Gobierno ratificó su intención de retomar la discusión.
Próximos pasos
El tratamiento legislativo quedará definido una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto final al Congreso. Mientras tanto, gobernadores cordilleranos y del norte se mantienen en diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en un marco regulatorio que permita habilitar inversiones sin modificar la protección general establecida para los glaciares de mayor relevancia hídrica.
La discusión será uno de los temas centrales de las sesiones extraordinarias, en un escenario de negociaciones políticas y técnicas que involucra tanto a Nación como a las provincias y a los sectores productivos vinculados al desarrollo minero.