El Gobierno inició una investigación sobre el negocio del gas por posibles distorsiones de precios
La Autoridad Nacional de la Competencia abrió una pesquisa de mercado en el sector de distribución y comercialización de gas natural ante sospechas de prácticas anticompetitivas que afectarían tarifas y condiciones a usuarios, empresas y estaciones de GNC.
El Gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), dispuso la apertura de una investigación de mercado que apunta a esclarecer posibles distorsiones de precios y otras irregularidades en una parte del negocio del gas natural en Argentina. La medida fue confirmada este martes y se originó tras una solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, que manifestó quejas de grandes usuarios y estaciones de servicio de gas natural comprimido (GNC) sobre prácticas que podrían perjudicar la competencia en el sector.
Según la disposición, la pesquisa se centrará en las actividades de distribución y comercialización del gas natural en todo el país, excluyendo por ahora a los sectores de generación y transporte. La sospecha principal radica en la posible aplicación de un sistema de “mix de cuencas” para definir tarifas de transporte que no reflejaría adecuadamente los flujos de gas reales, especialmente tras el impacto de la producción de Vaca Muerta, y que podría generar ventajas indebidas para ciertas empresas.
Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que su apertura no implica que existan conclusiones sobre irregularidades o responsabilidades definitivas. El proceso podría derivar en recomendaciones regulatorias o, eventualmente, en imputaciones puntuales si se constatan violaciones a la normativa de competencia.
Desde Santa Fe, gestores de la denuncia sostienen que el esquema actual hace que el gas salga “más caro” para usuarios residenciales y comerciales y que una actualización justa de las reglas tarifarias podría reducir los costos entre un 20% y un 40%.
El avance de esta investigación se da en un contexto de ajustes y debates en torno a las tarifas de servicios públicos en Argentina, con recientes modificaciones en precios mayoristas y cuestionamientos sobre la estructura del mercado energético.