El Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados
El Gobierno nacional resolvió poner fin al sistema de control estatal sobre los aranceles de los establecimientos educativos privados, al derogar una norma que durante más de tres décadas reguló los valores de las matrículas y cuotas que cobraban las instituciones.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y deja sin efecto el histórico Decreto 2417/1993, que obligaba a los colegios a notificar y solicitar autorización previa al Estado para modificar sus precios.
Con esta medida, los institutos privados quedarán habilitados a fijar libremente sus tarifas, sin requerir aprobación ni supervisión nacional. Según el Ejecutivo, la política busca “modernizar el marco regulatorio” y adecuarlo a un sistema educativo en el que las competencias fueron transferidas a las provincias hace más de treinta años.
Fin de una norma vigente desde los ’90
La disposición marca el cierre de un esquema que había sido instaurado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y que pretendía proteger a las familias frente a aumentos desmedidos. No obstante, el actual Gobierno considera que ese sistema “ya no se ajusta a la realidad económica ni institucional del país”, y que la intervención estatal “entorpece la capacidad de gestión de los establecimientos”.
En los fundamentos, el decreto argumenta que la obligación de comunicar y esperar autorización antes de modificar los aranceles generaba “demoras, distorsiones y rigideces” que afectaban la sostenibilidad de las instituciones educativas privadas.
El texto sostiene que “las restricciones impuestas durante décadas impidieron que los institutos se adapten con agilidad a los cambios en los costos, los salarios docentes y los gastos operativos”.
Argumentos oficiales y revisión del sistema
Desde el Gobierno, se advierte que la previsibilidad impuesta por las tarifas reguladas “terminó provocando efectos contrarios a los deseados”, dado que muchos colegios fijaban valores más altos al inicio del ciclo lectivo “para anticiparse a posibles aumentos de costos que no podrían trasladar sin autorización”.
La administración nacional considera que esta situación “impactó negativamente en las familias y en la calidad educativa”, ya que los colegios “se vieron forzados a sobreactuar precios o limitar su oferta educativa ante la imposibilidad de reaccionar ante los cambios económicos”.
Asimismo, el decreto enfatiza la necesidad de respetar la libertad contractual y el derecho de propiedad de las instituciones privadas, señalando que “deben poder establecer sus condiciones de contratación, definir sus políticas salariales y ajustar sus aranceles conforme a las variaciones del mercado”.
Hacia un nuevo esquema regulatorio
El Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, por intermedio de la Secretaría de Educación, a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, considerado la base del financiamiento del sistema educativo privado, y a presentar una nueva propuesta normativa.
El objetivo, según el texto oficial, es avanzar hacia un esquema que “garantice la libre competencia entre instituciones, promueva la sostenibilidad de su actividad y preserve el derecho de las familias a acceder a una educación de calidad”.
De este modo, el Gobierno da un paso más en su política de desregulación económica, extendiendo ahora su alcance al ámbito educativo.