El ejecutivo congela su propio aumento salarial ante la crisis económica
En un contexto económico adverso que golpea con fuerza las finanzas provinciales, el gobernador decidió suspender de manera temporal el incremento salarial del 4,5% previsto para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. La medida, oficializada mediante el decreto 1020/25, alcanza a la máxima figura del Ejecutivo, la vicegobernadora, ministros, secretarios y el personal de gabinete.
Con esta decisión, el salario bruto del gobernador se mantendrá en $5.057.952, mientras que la vicegobernadora continuará percibiendo el 95% de esa suma. Las retribuciones de los ministros y otros funcionarios oscilarán entre el 66% y el 30% de ese monto, dependiendo del cargo.
El documento firmado el 4 de abril y publicado días después, fundamenta la decisión en la necesidad de adoptar acciones “solidarias y excepcionales” que ayuden a paliar el impacto de la crisis y permitan redirigir recursos hacia áreas sociales sensibles. El decreto subraya que los fondos del Tesoro Provincial “se han visto extenuados”, por lo que se requiere una respuesta urgente para salvaguardar el interés general.
A pesar de la suspensión del aumento, se establece que los aportes y contribuciones previsionales de los funcionarios alcanzados serán calculados en base a la remuneración total que habrían recibido si el incremento se hubiera aplicado. Esto busca evitar un perjuicio al sistema jubilatorio y al fondo asistencial.
Desde el Gobierno se remarca que no se trata de una renuncia definitiva al beneficio salarial, sino de una postergación temporal que no afecta la legitimidad ni la propiedad de los haberes, y que se encuadra dentro de las atribuciones legales del Ejecutivo.
Sin embargo, esta decisión no se extiende a los otros poderes del Estado. Ni los miembros del Tribunal de Cuentas ni los legisladores están alcanzados por esta suspensión, ya que el gobernador carece de competencia para intervenir en sus remuneraciones. Como resultado, mientras los salarios del gabinete quedan congelados, las dietas legislativas se elevan a $4.757.000 y los sueldos en el Tribunal de Cuentas superan los $11 millones.
Aunque el espíritu del decreto apela a la equidad y al esfuerzo conjunto, el impacto de la medida no es uniforme y deja en evidencia las limitaciones institucionales a la hora de aplicar recortes salariales más amplios dentro del aparato estatal.