Educación en jaque: plantean priorizar el derecho de los niños frente a los paros docentes en Tierra del Fuego
La tensión entre las medidas de fuerza del gremio docente y el derecho a la educación de niños y adolescentes volvió a instalarse en el debate público fueguino. Las reiteradas suspensiones de clases por paros del SUTEF reavivaron la discusión sobre qué derecho debe prevalecer cuando estos intereses entran en conflicto.
En una entrevista radial con el programa Un gran día por ((La 97)) Radio Fueguina, la abogada Dalila Nora expuso una postura centrada en el “interés superior del niño” y en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan compatibilizar el legítimo reclamo gremial con la continuidad escolar.
Nora recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las pautas de UNICEF establecen, como derechos fundamentales de la infancia, el acceso a la educación, la salud, la vida y la identidad. Junto a estos, dijo, existen obligaciones propias de la edad, como asistir regularmente a la escuela y colaborar en el entorno familiar. “Los adolescentes tienen la obligación de ir al colegio y nosotros, como adultos, de garantizar que eso suceda”, señaló.
La abogada cuestionó que, en el contexto actual, las interrupciones prolongadas de clases pongan en riesgo este principio. Mencionó que el Estado, a través de citaciones a padres y alumnos, busca reinsertar a los estudiantes que acumulan faltas, ya que “la educación no es solo un deseo, es la base del desarrollo individual y social”.
El debate, sin embargo, no se limita a la dimensión educativa. Nora remarcó que el derecho de huelga también cuenta con protección constitucional y legal, pero advirtió que su ejercicio debe evitar vulnerar la formación de los menores. En Tierra del Fuego, recordó, existe una mesa de negociación para canalizar los reclamos sin afectar la escolaridad, aunque insistió en la necesidad de idear “un nuevo sistema” que permita a los docentes protestar sin paralizar las clases por períodos prolongados.
Como ejemplo, explicó que un grupo de padres presentó recientemente una acción judicial contra el Ministerio de Educación provincial, solicitando que intime a los docentes a retomar la actividad. El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, notificó a la cartera educativa y, según Nora, se trabaja para restablecer la normalidad en las aulas.
En su análisis, el punto de equilibrio debe partir de una premisa: “El interés superior del niño no puede ser violentado bajo ningún aspecto”. Esto implica, según dijo, que cualquier medida gremial debería diseñarse para minimizar su impacto sobre los estudiantes, priorizando su derecho a aprender.
Las declaraciones llegan en un momento en el que las familias de la provincia expresan creciente preocupación por la calidad y la continuidad del aprendizaje, en medio de un escenario que pone a prueba la capacidad de las instituciones para conciliar derechos y responsabilidades en un marco de diálogo y negociación social.