La minera de criptomonedas CryptoPatagonia podrá continuar con sus actividades en el barrio San Martín de Río Grande, luego de que la jueza de Faltas Dora Galeano resolviera dejar sin efecto la clausura que había dispuesto el Municipio. La decisión judicial sorprendió a los vecinos, quienes desde hace tiempo reclaman por el ruido y la contaminación provocada por los generadores de la firma.

Vecinos en pie de protesta

Desde 2017, la empresa se encuentra emplazada entre las calles Echelaine y Guayaquil. En un principio, se abastecía con energía a gas; pero con la instalación de cuatro generadores a gasoil en espacios abiertos, el nivel de ruidos se volvió insoportable para los residentes. Las quejas se multiplicaron y llegaron hasta el Concejo Deliberante, que exigió informes sobre la situación.

Aunque la página oficial de CryptoPatagonia afirma que la compañía opera con energías renovables “abundantes en la región patagónica”, lo cierto es que los vecinos denuncian que el ruido constante y el impacto ambiental contradicen ese discurso.

La intervención municipal

En julio, la Dirección de Comercio e Industria llevó adelante inspecciones y exigió a la empresa la insonorización de los equipos, un estudio de impacto ambiental y la suspensión de actividades nocturnas, de 22 a 7 horas. Ante la falta de respuestas y documentación técnica, el organismo resolvió clausurar los generadores el 25 de julio, amparándose en la normativa vigente.

El fallo judicial

Sin embargo, la empresa apeló y la jueza Galeano decidió anular la medida municipal, otorgando efecto suspensivo al recurso de la compañía. En su resolución, la magistrada reconoció que los generadores fueron instalados después de la habilitación comercial inicial y admitió que el Municipio tiene la obligación de resguardar la salud y el ambiente aplicando la escala de decibeles permitidos por ordenanza. Pese a ello, dejó sin efecto la clausura y habilitó nuevamente el funcionamiento.

Una controversia que sigue abierta

Con esta resolución, CryptoPatagonia continuará operando hasta que un Juzgado Correccional se expida en una instancia superior. En tanto, los vecinos sostienen que seguirán reclamando por sus derechos a un ambiente sano y por la necesidad de que se cumplan los controles correspondientes.