Cruce entre fabricantes bonaerenses y ARCA reaviva debate sobre el régimen fueguino
Dos empresas de electrodomésticos radicadas en la provincia de Buenos Aires, Ludadel SRL y Fag Sistems SA, denunciaron supuestas “arbitrariedades” operativas por parte de funcionarios de la Administración de Recursos de la Aduana (ARCA), a quienes acusan de perjudicar su actividad. El organismo, en cambio, las señala por intentar eludir impuestos millonarios mediante maniobras irregulares.
El conflicto se enmarca en la competencia que estas firmas mantienen con la industria radicada en Tierra del Fuego, beneficiada por el régimen arancelario e impositivo especial. Según las denunciantes, los procedimientos cuestionados por ARCA —encabezados entonces por el jefe de la aduana de La Plata, Eduardo Gómez— derivaron en una denuncia por contrabando. El funcionario sostuvo que ambas empresas operaban en realidad como una sola, declarando por separado las partes de televisores LED para evitar tributos, una maniobra que estimaron en casi 12,5 millones de dólares.
En julio, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, archivó la causa al considerar que no existía delito ni infracción aduanera. Pese a ello, las empresas afirman que sufrieron perjuicios económicos por mayores costos logísticos y de almacenamiento debido a la retención de 38 contenedores.
Ludadel y Fag Sistems contradenunciaron a Gómez por abuso de autoridad, cuestionando que omitiera información clave y manipulara informes para sostener acusaciones “infundadas”. También apuntaron al ingeniero Medrano César Hernán, otro funcionario de ARCA, por supuestas omisiones en la evaluación aduanera.
ARCA respaldó inicialmente el accionar de Gómez, aunque éste fue removido del cargo a la semana de la denuncia y pasó a ocupar un puesto como consejero, en el marco de un reacomodamiento interno. Desde el organismo señalaron que las denuncias son parte habitual de las funciones de control previstas en el Código Aduanero.
El trasfondo político del caso suma tensión: ARCA está conducida por Juan Pazo, hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo primo Nicolás Caputo es propietario de Mirgor, una de las principales empresas fueguinas. Las denunciantes sostienen que las firmas radicadas en la provincia austral serían beneficiarias indirectas de este “accionar irregular”.
En paralelo, el debate sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego sigue abierto. En mayo, Caputo anunció la reducción progresiva de aranceles de importación, una medida que obliga a las empresas locales a ganar competitividad. El ministro defendió la decisión señalando que incluso afectaba a una compañía de su familia.
Las críticas apuntan a que el esquema de exenciones impositivas representa un gasto fiscal estimado en mil millones de dólares anuales, equivalente a entre el 0,22% y el 0,33% del PBI. Para sus detractores, el régimen distorsiona la competencia y encarece productos electrónicos en el mercado interno; para sus defensores, garantiza empleo e inversión en una provincia estratégica.