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Cesantean a un policía condenado por violencia de género

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió la cesantía del sargento Mario Gastón Encina, efectivo que cumplía funciones en la Comisaría Quinta de Río Grande y que fue condenado en 2023 por agresión y amenazas contra su expareja. La sanción quedó oficializada mediante el decreto provincial N.° 1965/25, firmado por el gobernador Gustavo Melella y la ministra Gabriela Castillo.

Antecedentes judiciales

El Juzgado Correccional de Río Grande había dictado sentencia el 27 de marzo de 2023, en la causa “Encina, Mario Gastón s/amenazas con arma en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas”. El hecho investigado ocurrió el 22 de octubre de 2016 en la zona sur de la ciudad, cuando el policía atacó a su entonces pareja, provocándole lesiones y amenazándola con un arma de fuego.

Por ese episodio, Encina recibió la pena de tres años de prisión en suspenso, tras ser hallado responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas calificadas. La condena se fundamentó en la Ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres, la Convención de Belem Do Pará y otros instrumentos internacionales que buscan erradicar la violencia contra la mujer.

Medidas de protección para la víctima

La sentencia judicial dispuso además la asistencia de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT) para garantizar un acompañamiento psicológico y de orientación a la víctima, con el fin de brindar contención y asegurar el acceso a tratamientos adecuados.

Sumario administrativo

Paralelamente, en el ámbito policial se llevó adelante un sumario administrativo que confirmó la conducta violenta de Encina. El expediente determinó que el sargento incumplió los deberes básicos de un efectivo, dañando la disciplina interna, la investidura y el prestigio de la institución.

El informe concluyó que su accionar generó la pérdida absoluta de confianza hacia su persona, condición indispensable para quienes cumplen tareas como auxiliares de la Justicia.

Fundamentos legales de la cesantía

La cesantía se aplicó en base a la Ley Provincial 735, que obliga a los miembros de la Policía a adecuar tanto su conducta pública como privada a normas éticas y de respeto institucional. Al haberse constatado lo contrario, el Poder Ejecutivo dio curso al pedido elevado por la Jefatura de Policía.

Con esta resolución, el caso Encina se convierte en un antecedente en el que se refuerza la incompatibilidad absoluta entre ejercer la función policial y haber sido condenado por hechos de violencia de género.

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