Buscan fijar penas y descuentos salariales para funcionarios que no contesten informes o no asistan al Congreso
La diputada nacional Micaela Morán (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca fijar plazos y sanciones para los funcionarios del Poder Ejecutivo que no respondan pedidos de informes o que no se presenten ante el Congreso cuando son citados. La iniciativa destaca que este tipo de regulaciones ya existen en provincias como Chaco y Tierra del Fuego, donde rigen mecanismos más estrictos para asegurar el control institucional.
El proyecto surge a partir de las reiteradas ausencias de funcionarios de la gestión nacional en citaciones impulsadas por distintos bloques opositores. Morán sostiene que la falta de respuestas afecta la función constitucional de control parlamentario y debilita el acceso a información pública de calidad.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo deberá responder por escrito y en un plazo máximo de 30 días hábiles los pedidos aprobados por cualquiera de las Cámaras. Además, obliga a ministros y autoridades de organismos estatales a asistir al Congreso cuando se los convoque para brindar informes verbales en sesiones, comisiones o plenarios.
En cuanto a las sanciones, el proyecto fija un descuento del 20% del salario para los funcionarios que incumplan el procedimiento y, en caso de reiteración, la configuración de falta grave. La iniciativa también incorpora un nuevo artículo al Código Penal (249 bis), que prevé penas de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial para quienes omitan responder incluso después de un requerimiento reiterado.
Morán subraya que el objetivo es “fortalecer el control parlamentario sobre la gestión del Ejecutivo” y garantizar un flujo de información “completo y de calidad” que permita robustecer las instituciones democráticas. En ese sentido, la diputada remarcó que el proyecto se inspira en marcos normativos que ya funcionan en provincias como Tierra del Fuego, que cuentan con procedimientos más precisos y sanciones claras para asegurar la rendición de cuentas.