Avanza un proyecto de reforma educativa que plantea cambios estructurales en todos los niveles del sistema
Un proyecto legislativo que comenzará a tratarse en marzo de 2026 propone una transformación profunda del sistema educativo argentino, con modificaciones que alcanzan a la educación básica, la formación docente y el acceso a los estudios superiores. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas impulsadas para redefinir el rol del Estado, de las instituciones y de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El texto propone la creación de un nuevo marco filosófico basado en la autonomía pedagógica de las instituciones y en el “rol preferente” de las familias para elegir el proyecto educativo de sus hijos. Cada escuela o establecimiento tendría la posibilidad de definir su propio plan de estudios, contenidos y orientación pedagógica, lo que marcaría un cambio radical respecto del esquema actual. Aunque se mantiene la gratuidad de la educación estatal, el proyecto no menciona el carácter laico de las instituciones públicas, una omisión que generó preocupación en distintos sectores del ámbito educativo.
El borrador reafirma además el derecho de los establecimientos privados a seleccionar, promover y remover a su personal conforme a sus propios lineamientos, dentro del marco de la legislación laboral. Asimismo, se establece la subsidiariedad del Estado, al que se le asigna la función de garantizar el derecho a enseñar y aprender, sin reemplazar la iniciativa de las familias ni de la sociedad civil.
Uno de los ejes centrales es la redefinición de la formación docente. La carrera de formación inicial tendría una duración de cuatro años, con prácticas profesionales obligatorias y dos instancias: una formación básica común y una formación específica según nivel y disciplina. La capacitación continua pasa a ser obligatoria y se la considera requisito para la permanencia y promoción dentro de la carrera. Para coordinar estas tareas se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente.
El proyecto también introduce modalidades educativas alternativas, entre ellas la educación en el hogar y la formación completamente virtual o híbrida, siempre que los estudiantes acrediten los contenidos mínimos mediante evaluaciones estandarizadas establecidas a nivel nacional.
En cuanto a la educación secundaria, se propone la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una prueba voluntaria destinada a estudiantes que finalizan sus estudios obligatorios y que funcionará como parámetro para medir desempeño académico, favorecer el ingreso a instituciones superiores y apoyar a alumnos destacados de contextos de vulnerabilidad.
Una modificación significativa afecta el acceso a la educación superior: los estudiantes ya no podrán ingresar a universidades o institutos si adeudan materias del nivel medio. Paralelamente, todas las instituciones superiores que cuenten con cursos de nivelación deberán ofrecer un examen de ingreso directo como alternativa.
El proyecto incorpora además la obligación de que las instituciones de educación superior definan un régimen de regularidad que exija a los estudiantes aprobar al menos dos materias por año. Quienes no alcancen ese rendimiento perderían la condición de alumno regular, una medida que apunta a reducir los índices de deserción pero que también podría implicar la exclusión de estudiantes con trayectorias más lentas.
En materia de control y financiamiento, el texto fortalece las auditorías internas y externas en las instituciones universitarias estatales y define un esquema de distribución de fondos basado en tres criterios: número de estudiantes (75%), desempeño académico y científico (20%) y programas específicos de mejora (5%).
La propuesta será debatida durante los próximos meses y promete abrir una de las discusiones educativas más profundas de los últimos años, con impacto directo en docentes, estudiantes, familias e instituciones de todo el país.