Avanza la causa por el homicidio de Alberto Scariot con nuevas pericias en la vivienda
La investigación judicial por el asesinato de Alberto Scariot sumó en las últimas horas una diligencia clave: una inspección detallada en el domicilio donde ocurrió el crimen. La medida fue ordenada por la jueza Cecilia Cataldo y contó con la participación de personal de Policía Científica, que realizó distintos relevamientos técnicos para profundizar la reconstrucción de los hechos.
El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada sobre calle Yaktemi al 400, en el barrio Los Cisnes, escenario del violento episodio ocurrido el pasado 10 de noviembre. En ese inmueble convivían la víctima, de 40 años, el imputado Fernando Aaron Moreyra, de 22, y una tercera persona.
Moreyra permanece detenido con prisión preventiva y fue procesado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, imputación que quedó firme luego de que su defensa no presentara apelaciones. Según consta en la causa, el ataque se habría producido en un contexto de consumo de alcohol y estupefacientes, tras una discusión relacionada con problemas de convivencia. Scariot sufrió una agresión extrema, con múltiples golpes y 34 heridas punzocortantes que le causaron la muerte.
Durante la inspección ocular, los peritos realizaron mediciones, observaciones y análisis de los distintos ambientes de la casa, con el objetivo de precisar la mecánica del homicidio. Con estas actuaciones, el expediente se encuentra prácticamente completo y a la espera de los últimos informes periciales y estudios de ADN, pasos necesarios antes de la elevación a juicio, prevista para los primeros meses del próximo año.
En paralelo al avance de la causa principal, familiares de la víctima presentaron una denuncia ante la fiscalía por la presunta utilización de redes sociales por parte del imputado desde el interior de la unidad de detención. A raíz de esta situación, el Servicio Penitenciario Provincial realizó requisas que no permitieron hallar un teléfono celular en poder de Moreyra.
No obstante, la investigación interna determinó que otro interno habría tenido acceso a un dispositivo móvil desde el cual se habrían efectuado las publicaciones. Aunque el aparato no fue encontrado, ese recluso recibió una sanción disciplinaria que incluyó días de aislamiento, conforme a la normativa penitenciaria vigente.