ATE impulsa iniciativa para igualar salarios en la administración pública provincial
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego elevó un proyecto a la Legislatura provincial que busca incluir, dentro del Presupuesto 2026, una cláusula que establezca un piso salarial uniforme para todos los trabajadores estatales, con especial foco en la equiparación entre los escalafones Seco y Húmedo.
La propuesta presentada ante la Comisión de Presupuesto propone utilizar como referencia la Categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU), con el objetivo de establecer un valor mínimo común para todas las áreas del empleo público fueguino.
Desde el gremio estatal explicaron que la iniciativa busca revertir desigualdades históricas entre sectores esenciales del Estado que, a pesar de su importancia en el funcionamiento diario de escuelas, hospitales, oficinas públicas y tareas técnicas y administrativas, perciben salarios por debajo del costo de vida regional.
“Hoy muchos trabajadores del Escalafón Seco están cobrando por debajo de la Canasta Básica Total Patagónica del INDEC. Es el propio Estado el que está pagando sueldos que no alcanzan para cubrir lo mínimo indispensable”, expresaron desde ATE.
El sindicato también recordó antecedentes legislativos recientes que respaldan su pedido. En 2009 se creó el EPU mediante decreto para jerarquizar a los profesionales universitarios, pero fue recién en 2021 que se concretó su plena equiparación con el Tribunal de Cuentas a través de la Ley Provincial N.º 1333. Para ATE, ese caso demuestra que el presupuesto provincial puede ser una herramienta clave para corregir inequidades salariales de larga data.
“Esta medida no es una exigencia aislada, sino el resultado de un reclamo constante y justo. Pedimos que los escalafones más relegados tengan un trato equitativo y digno. La Legislatura ya ha intervenido antes en situaciones similares, y es momento de volver a hacerlo”, señalaron.
Con esta iniciativa, ATE busca que el Presupuesto 2026 se convierta en un punto de inflexión para avanzar hacia una política salarial más justa, reconociendo el rol clave que cumplen los trabajadores del Estado en el sostén de los servicios públicos.