Alerta internacional por controles en zonas francas: DEA señala a Tierra del Fuego en su informe anual sobre el fentanilo
En su más reciente informe de inteligencia, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) encendió una nueva alarma sobre Argentina, al advertir sobre la falta de controles en las zonas francas del país, y destacar por primera vez de forma explícita a la provincia de Tierra del Fuego. Según el reporte, estas áreas presentan vulnerabilidades significativas para el contrabando de drogas, lavado de dinero y tráfico de sustancias ilegales, entre ellas el fentanilo.
La inclusión de Tierra del Fuego en el documento representa una novedad, ya que históricamente los señalamientos de la DEA se centraban en las regiones del NEA y NOA, consideradas más permeables por su ubicación fronteriza. Sin embargo, en esta edición, el foco se desplazó también al sur del país, donde se encuentra una de las diez zonas francas argentinas y un régimen aduanero especial.
El informe apunta directamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), señalando que sus recursos limitados y la escasa supervisión obstaculizan la aplicación efectiva de las leyes en materia de narcotráfico y lavado de activos. A ello se suman las demoras judiciales y la informalidad económica, factores que –según la DEA– elevan el riesgo de actividad criminal en estas áreas.
Un escenario regional en transformación
Aunque desde la DEA reconocen que el consumo de fentanilo ha comenzado a disminuir en Estados Unidos, el escenario en América Latina parece seguir una tendencia contraria. En años recientes, Argentina fue mencionada como uno de los países en los que el fentanilo y sus derivados comenzaron a aparecer de forma dispersa y sin una estructura criminal consolidada, aunque con casos graves como los ocurridos en el Hospital Italiano de La Plata o el escándalo de «Puerta 8», que evidenciaron la peligrosidad de su circulación.
Además, el informe recuerda que China, India y México continúan siendo los principales exportadores de fentanilo y sus precursores químicos, mientras que la producción ilegal se diversifica y crece en países con controles débiles o zonas de libre comercio.
En este sentido, la DEA advierte que Argentina podría convertirse en un nuevo punto de ingreso, acopio o tránsito de esta sustancia si no se refuerzan los mecanismos de control, en especial en zonas aduaneras con regímenes especiales como Tierra del Fuego.
Reacciones dispares y silencio institucional
A pesar de lo contundente del informe, el reporte no fue recogido con fuerza en la discusión pública ni generó un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno nacional. Algunas fuentes del Ministerio de Seguridad afirman que no se han detectado estructuras criminales organizadas vinculadas al tráfico de fentanilo en el país, aunque reconocen la necesidad de mejorar los controles.
Mientras tanto, provincias como Buenos Aires, Córdoba o Misiones continúan reportando incautaciones esporádicas de ampollas médicas o derivados adulterados, pero sin evidencias de redes organizadas de distribución a gran escala. Incluso, desde fuerzas federales y provinciales insisten en que la mayoría de las incautaciones siguen concentrándose en marihuana y cocaína.
Sin embargo, la presencia creciente del fentanilo en el mercado ilegal y su potencia letal –hasta 100 veces superior a la heroína– ha motivado la creación de organismos conjuntos en el país. A principios de este año, el Ministerio de Seguridad junto con Salud, ANMAT y AFIP lanzaron una mesa de trabajo interinstitucional para reforzar los controles sobre su uso, distribución y comercialización, tanto legal como ilegal.
Preocupación internacional
El informe de la DEA también incluye una serie de recomendaciones para países de la región, instando a reforzar la cooperación en inteligencia, aduanas y salud pública. Uno de los pasajes más llamativos del documento refiere a la necesidad de monitorear las zonas francas, advirtiendo que son utilizadas para el movimiento de grandes volúmenes de efectivo y sustancias ilícitas.
Tierra del Fuego, ahora mencionada explícitamente, entra en el radar internacional en un contexto delicado, donde los opioides sintéticos comienzan a representar una nueva amenaza sanitaria y de seguridad en América Latina.
Ante este escenario, crece la expectativa por una respuesta clara del Gobierno argentino que incluya medidas concretas de fiscalización en las zonas señaladas y una actualización en los mecanismos de prevención y control sobre el uso del fentanilo en el país.
El riesgo está latente. La pregunta que queda abierta es si Argentina logrará anticiparse a una crisis como la que ya sacude con fuerza a otros países del continente.