A más de un siglo de la primera ley contra la trata, la justicia argentina suma 410 condenas por explotación sexual
Este 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una fecha que invita a reflexionar sobre uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos. En ese contexto, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) dio a conocer que desde el año 2008 se dictaron 410 sentencias por este tipo de delitos en el país.
El balance presentado por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, responsables de PROTEX, revela además que se identificaron 1.715 víctimas de trata con fines sexuales, en su mayoría mujeres. El informe también resalta que cerca del 9% de las personas afectadas eran niñas, niños o adolescentes al momento de ser captadas.
De los 814 condenados que surgieron a partir de esas 410 sentencias, más del 80% son ciudadanos argentinos y la mayoría son hombres. Este dato expone un patrón recurrente en la estructura de redes de trata.
La fecha, que busca crear conciencia a nivel global, fue establecida en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas. Sin embargo, tiene un antecedente histórico muy importante para Argentina: un 23 de septiembre de 1913 se sancionó la ley N°9.143, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. Fue la primera norma en el mundo que penalizó la trata de personas con fines de explotación sexual, marcando un hito en la legislación internacional.
El informe de PROTEX advierte que las modalidades del delito han mutado en los últimos años, con el surgimiento de formas más sofisticadas y difíciles de detectar. Algunas de estas nuevas prácticas incluyen la explotación mediante plataformas virtuales, el uso de mujeres en situación de vulnerabilidad como «vientres de alquiler» dentro de redes internacionales, y la utilización de personas como correos humanos para el traslado de drogas.
Estas prácticas, advierten desde la Procuraduría, están cada vez más profesionalizadas y se valen de tecnología avanzada como criptomonedas y redes anónimas, lo que representa un verdadero desafío para el sistema judicial.
Frente a este panorama, desde el Ministerio Público se trabaja en la articulación con organismos nacionales e internacionales para fortalecer las tareas de investigación, prevención y sanción. A través de campañas de sensibilización, también se busca fomentar una cultura de protección y defensa de los derechos humanos frente a estas graves violaciones.